Según empresarios, la dirección podría obtener mejores resultados si promoviera procesos administrativos más eficientes.
El nuevo cobro que intentó aplicar la Dirección General de Aduanas (DGA) el mes pasado pudo atentar contra principios constitucionales, según la versión de los empresarios. La manera en que está planteado este nuevo cobro habría propiciado incluso una demanda por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque todavía no hay confirmación de que haya sido admitida.
La DGA es dependencia del Ministerio de Hacienda (MH). En junio pasado, la DGA anunció que tenía previsto aplicar un nuevo cobro para la mercancía que pasa en las bodegas de aduanas más de 20 días, después que ha entrado a sus instalaciones. Cuando han pasado esos 20 días, ese producto se considera en abandono y la dirección decide si lo incluye en una subasta o lo mantiene guardado.
La idea de la nueva disposición aduanera era cobrar 30 % por cada producto según el precio CIF (incluye seguro, costo de transporte y de fabricación), pero cuando ya entraba en abandono.
Los representantes de la Asociación de Empresarios Importadores de Vehículos (ASEIVA) y de la Cámara Logística de El Salvador (CALOES) cuestionaron el proceso para poner en vigencia el nuevo cobro, porque lo consideran un impuesto que, además, no está justificado. Por su parte, las autoridades de la DGA aseguraron que un grupo de importadores ha “degenerado” las funciones de las instalaciones de esta dirección, y que esta conducta les consume demasiados recursos en personal y en dinero.
La medida estaba programada para entrar en vigor el 29 de julio, pero no sucedió. En lugar de eso, la DGA sostuvo ayer una reunión con la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASEIVA) y la Cámara Logística de El Salvador (CALOES), para profundizar en la propuesta de cobro y escuchar más opiniones al respecto.
José Daniel Palacios, asesor de ASEIVA, advirtió que el nuevo cobro tiene múltiples vicios de legalidad. Primero, tiene las mismas características de un impuesto: es un porcentaje que se calcula sobre un valor, como el IVA o el que se aplica a las importaciones. Palacios aclaró que para crear un impuesto es obligación pasar por la Asamblea Legislativa y no depende solo de una dirección ministerial. “Es una carga económica que lesiona, entre otros principios, el derecho a la propiedad”, agregó el asesor de ASEIVA.
Mientras que Salvador Mónico, presidente de la Cámara Logística de El Salvador (CALOES), aseguró que el proceso para establecer el cobro de 30 % habría originado una demanda por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De hecho, la Cámara está contra del recargo. “Nuestra propuesta es que simplifiquen los procesos, que usen la tecnología. Las experiencias internacionales pueden servir como modelo”, dijo Mónico.
En este sentido, el titular de la DGA, Carlos Cativo, detalló ayer que requieren 39,000 horas hombre al año en liberar mercancías en abandono y $1,796 por cada grupo de productos. Ante la pregunta de si habían considerado reducir la burocracia para lograr los mismos objetivos (que los productos no estén guardados tanto tiempo), Cativo comentó que “es un proceso continuo” y que la eficiencia administrativa sería “el siguiente paso”.
En tanto Alejandro Mohor, presidente de ASEIVA, dijo que esos costos administrativos ya están contemplados en las obligaciones de Aduanas, es decir, ya forman parte de las obligaciones a cumplir con los recursos asignados para sus operaciones.
Fuente: LPG
Analizan los criterios para focalizar subsidio a energía
Subsidio se incorporaría al sistema con el que el Ministerio de Economía administra la subvención al gas.
A finales de este mes, el Gobierno tendría definidos los criterios que aplicará para focalizar el subsidio a la energía eléctrica, que pasaría a ser administrado por el Ministerio de Economía (Minec), confirmó ayer la viceministra de Comercio e Industria, Merlin Barrera.
La viceministra aseguró que el Minec ya entregó una propuesta para focalizar este subsidio a la Presidencia de la República y ya se decidió, dijo, que se aplique el mismo mecanismo con el cual se administra la subvención al gas propano.
Actualmente, el Gobierno entrega el subsidio al gas directamente al consumidor, a través de una Tarjeta Solidaria. Al presentarla en tiendas, se verifica su validez y se aplica el descuento vigente al precio de mercado de este producto.
Para este mes, los beneficiarios reciben un descuento de $4.08, por lo que, para adquirir un cilindro de 25 libras, solo deben pagar $4.90.
Barrera informó que están a la espera del “lineamiento concreto del presidente (Salvador Sánchez)”, respecto a la propuesta que presentaron, “para poder ir manejando la administración de este subsidio desde el Minec”.
“Al parecer, posiblemente a finales de este mes se podría tener ya y contar con una definición de cómo será implementado el subsidio a la electricidad”, aseguró la funcionaria.
Revisión
Con el mismo sistema con que se subsidia el gas licuado, el Minec aplicaría el subsidio al consumo de energía eléctrica de los salvadoreños, aunque su aplicación no sería con los mismos indicadores con los que la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) realizaba el descuento a la factura eléctrica, según dijo la viceministra.
Barrera explicó que “no se pueden dar criterios generales” para la administración del beneficio, y detalló que se hará una constante revisión técnica de los usuarios que reciban subsidio.
“Parte de las ventajas del sistema (…) es la verificación permanente que realizan los equipos técnicos del Minec. Tenemos una cantidad importante de puntos y equipos que está permanentemente en los territorios haciendo la depuración de la base de datos”, indicó.
Una de las consideraciones para el subsidio podría ser que una persona posea más de una propiedad, como sucede con el subsidio al gas. Al respecto, Barrera señaló que “depende mucho de cada caso”.
“Cada situación se ve, y por eso es que los usuarios tienen la opción de ir a una de las oficinas del centro de atención del Cenade para exponer su caso. Eso hace que vaya un equipo de verificación que permite definir si esa persona puede recibir el subsidio”, enfatizó.
Al ser consultada sobre la posibilidad de que exista un criterio de exclusión para los hogares donde haya un negocio, Barrera dijo que “nunca se da de baja a un establecimiento, a un usuario, si no hay una previa verificación de que efectivamente no hay nadie que vive, o realmente es alguien que tiene dos viviendas o no está dentro de los criterios”.
Fuente: DEM
