El Salvador está adecuando y actualizando su legislación y procedimientos de control sobre prevención del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en consonancia a las 40 recomendaciones del GAFI, por lo tanto las exigencias regulatorias serán cada vez más estrictas; en tal sentido, los sujetos obligados al cumplimiento e implementación del marco regulatorio deben estar atentos y conocer de las sanciones penales y administrativas que les pueden ser aplicadas ante el incumplimiento.
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