La entidad afirmó que el alza es de aplicación automática. Se espera que en el siguiente cambio de pliego tarifario, en enero de 2019, haya una baja.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) dijo a través de un comunicado que habrá un aumento del 8 % en las facturas de energía de los consumidores finales, con las nuevas tarifas que entraron en vigencia el pasado 15 de octubre.
El pliego tarifario se ajusta cada tres meses, en enero, abril, julio y octubre, según el precio promedio de generación de energía en el trimestre previo. La tarifa aplicada a los usuarios del Área Metropolitana pasó de $0.13 a $0.17 por kilovatio hora, según publicaron el lunes las empresas distribuidoras de energía. El costo de la energía representa 85 % del total de la factura.
«Entre las variables que han incidido en el precio de la energía de este trimestre se encuentran una disminución sustancial de las lluvias el pasado mes de julio y las primeras semanas de agosto, que afectó el llenado de los embalses de las centrales hidroeléctricas, limitando la generación con base en ese tipo de recurso», planteó la SIGET en el comunicado.
En consecuencia, se registró una mayor participación a partir de combustibles derivados del petróleo, agregó. En agosto, la generación hidroeléctrica suplió 11.2 % de la demanda, superando solamente a la energía producida por fuentes renovables no convencionales, que inyectaron el 2.1 %.
El consumo del país fue suplido, en dicho mes, principalmente con importaciones (33.7 %), generación térmica –que utiliza hidrocarburos– (31.3 %), y la generación geotérmica (21.7 %).
La sequía coincidió con el encarecimiento del búnker, combustible utilizado por los generadores térmicos, detalló la SIGET.
Fuente: LPG
Elecciones no deben retrasar aprobación de presupuesto, dice Moody’s
La agencia de medición de riesgo añadió que el presupuesto de $6,733 millones presentado por el Ejecutivo incluye obligaciones relacionadas con las pensiones y es «más realista».
La agencia de medición de riesgos Moody’s recomendó a El Salvador aprobar el Presupuesto General de la Nación 2019 en el tiempo estipulado, antes que concluya el 2018, y evitar que las elecciones presidenciales retrasen su aprobación.
A finales de septiembre pasado, el Gobierno de El Salvador propuso al Congreso aprobar un presupuesto nacional para el 2019 por $6,733 millones, un 23.1% más que el aprobado para 2018, y que necesitará de la emisión de deuda por $1,407 millones para su financiación.
“Las próximas elecciones presidenciales, con la primera ronda programada para febrero de 2019, podría llevar a retrasos en el proceso de aprobación del presupuesto, situación que debe ser evitada”, sostuvo Moody’s en un comunicado divulgado en San Salvador.
Moody’s: Riesgo de liquidez aún es latente
Moody’s señaló que, a pesar de la “marcada mejora” en la “dinámica política” en la Asamblea Legislativa, “los enfrentamientos entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido gobernante, y la oposición Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) podrían estallar previo a las elecciones e impedir la aprobación de los recursos”.
“Dada la falta de mayoría absoluta del FMLN en la Asamblea Legislativa, ARENA podría utilizar el presupuesto, que requiere de 56 votos de la asamblea, para obtener concesiones, lo que podría retrasar la aprobación del presupuesto de 2019”, subrayó la fuente.
La agencia de medición de riesgo añadió que el presupuesto de $6,733 millones presentado por el Ejecutivo incluye obligaciones relacionadas con las pensiones y es “más realista” en su objetivo de déficit que los presupuestos anteriores.
El presupuesto debe de ser aprobado por mayoría calificada, 56 votos de 84 posibles, antes que finalice el 2018.
De no existir acuerdo en el tiempo establecido, este sería el tercer año consecutivo en que los diputados de la Asamblea Legislativa dilatarían la aprobación del presupuesto.
Fuente: EDH
Costo del crimen para empresas de El Salvador es el más alto del mundo
El Salvador mantuvo su posición en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, pero el crimen sigue siendo el gran obstáculo.
En el nuevo contexto que impone la cuarta revolución industrial, el crimen sigue representando uno de los mayores obstáculos para los negocios en El Salvador, concluye el Informe de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial (FEM), publicado ayer.
La edición 2018 de este reporte anual incluye una nueva metodología para medir el Índice de Competitividad Global (ICG). Con 98 indicadores -64 de ellos nuevos- divididos en 12 pilares, el renovado ICG evalúa qué tan preparadas están 140 economías del mundo para enfrentarse a la cuarta revolución industrial, término acuñado en 2016 por Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro, para referirse a la transición hacia la automatización de la manufactura.
En este nuevo contexto, la mayor traba para El Salvador sigue siendo la criminalidad. El país logró el puesto 98 de 140 en la clasificación global, manteniéndose en el mismo lugar del IGG de 2017 medido con la metodología actualizada.
No obstante, su peor desempeño está en el pilar relacionado a la institucionalidad, precisamente por los efectos del crimen en los negocios. En El Salvador, el costo que el crimen impone a las empresas es más alto que en cualquier otra parte del mundo, indica el informe del FEM.
Aunque el informe publicado ayer no determina a cuánto asciende el costo del crimen para las empresas, estudios realizados por entidades salvadoreñas y extranjeras han logrado calcularlo. En 2016, el Banco Central de Reserva (BCR) estimó que la violencia le costó al país $4,026.3 millones en 2014 y la mayor parte -$1,303.5 millones- correspondió a extorsiones y robos sufridos por empresas y ciudadanos.
Este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que entre 1999 y 2015, de forma acumulada, El Salvador perdió 9.5 puntos porcentuales de su Producto Interno Bruto (PIB) por el crimen.
Fuente: DEM
