Además, el diferencial de precios entre el robusta y el arábica llegó al nivel más bajo desde marzo de 2003, de acuerdo con la OIC.
Los precios internacionales del café tocaron fondo en marzo, de acuerdo con el último reporte de mercado de la Organización Internacional del Café (OIC). Durante el mes en cuestión, el precio indicativo compuesto que elabora la institución cayó 3.01 % a $97.50 por quintal, es decir $0.97 por libra. Este es el nivel más bajo que se ha visto desde octubre de 2006, cuando cayó a $95.53.
La OIC elabora este indicador que incluye a todo el café, pero también vigila los precios por separado de los cuatro grandes grupos de café: el robusta, de menor calidad y más barato; los brasileños naturales, los colombianos suaves y los «otros suaves». En este grupo es donde se incluye el aromático salvadoreño.
Los precios de todos los grupos se deterioraron, sobre todo los brasileños. En el caso de los «otros suaves», la caída fue de 3.6 %, a precios de en promedio $123.89 por quintal, casi $1.24 la libra. Estos cafés, junto a los colombianos, son los mejor cotizados.
La OIC también estima que el año cafetero 2018-2019 cerrará de nuevo con un excedente de producción. El consumo de café será de 164.99 millones de sacos, frente a 161.38 millones en el ciclo anterior, mientras que la cosecha sumará 168.05 millones de sacos, frente a 165.54 millones del ciclo anterior.
Sin embargo, el comportamiento de los precios no solo obedece a la oferta y demanda en el mercado, sino también a cómo se cotiza el precio de café a futuro en la bolsa de Nueva York. La semana pasada el precio cerró en esa plaza apenas por encima de los $0.90 por libra, es decir $90 por un quintal.
Este mecanismo ha generado mucho descontento entre productores de varios países, pues los precios están cayendo por debajo de los mínimos para que la caficultura se mantenga rentable.
Los precios de venta de café no equivalen al ingreso del productor, puesto que se deduce el costo de transformación y exportación, es decir, del beneficio. En El Salvador puede rondar los $60 por quintal, pero depende del beneficio o de la cooperativa. La Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) insiste en que esto se debe regular.
Fuente: LPG
Entra en vigor en El Salvador la Ley de Mejora Regulatoria
La implementación será escalonada, según explica el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR). Las instituciones públicas solo podrán exigir aquellos trámites que estén inscritos en un registro nacional.
Una «reforma silenciosa» en el largo plazo implicará para el país la implementación de la Ley de Mejora Regulatoria, según opina Jaime Campos, director ejecutivo del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR). Esta nueva ley entró en vigor el pasado 9 de abril.
Esta normativa permitirá que los procesos de elaboración de nuevas regulaciones o leyes sean «transparentes y participativos», según explica Campos; además, el OMR podrá defender el interés público cuando se produzca una regulación, y estimular que más trámites se hagan en línea.
Las primeras instituciones en implementar la ley serán los 14 ministerios y las dependencias del Órgano Ejecutivo, dos años después se suman las autónomas, la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial. Ya para el tercer año de vigencia de la ley está previsto que se integren las 262 alcaldías del país.
«Hablar de mejora regulatoria es hablar de una política pública muy nueva, de la que me atrevería decir hay nula o escasa tradición», comenta el director ejecutivo de la OMR.
Por esta razón, durante los próximos dos años la institución capacitará a los funcionarios sobre el tema. Según la ley, cada institución deberá contar con un comisionado de mejora regulatoria, quien será el enlace con el OMR y coordinará todas las actividades relacionadas con esta actividad, de acuerdo con el artículo 14 de la ley. Estos comisionados deben ser nombrados a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de la ley o conforme las instituciones vayan aplicando esta.
Campos aclara que no es el OMR la entidad a cargo de la simplificación de trámites, sino que esto es responsabilidad de cada entidad de gobierno, aunque sí puede brindar asistencia técnica para realizar esta tarea.
La ley plantea que al OMR le compete «dictar y vigilar el cumplimiento de las políticas de mejora regulatoria» y crear y administrar el Registro Nacional de Trámites, entre otras funciones.
El organismo gozará de autonomía funcional y técnica y contará con una instancia consultiva de alto nivel en donde habrá representantes del sector privado.
Campos destaca que en paralelo a la preparación de esta nueva etapa para el organismo, trabajan en implementar las herramientas de mejora regulatoria que incluye la ley: agenda regulatoria, estrategia de mejora regulatoria, evaluación de impacto regulatoria, planes de mejora regulatoria así como el registro de trámites. Para ello, recurrirán a proyectos pilotos en tres o cinco ministerios, adelantó el funcionario.
«Se pretende que las dependencias públicas piensen antes de regular. Para que piensen bien antes de regular es preciso que conozcan qué significa una evaluación de impacto regulatorio», considera Campos. «Hay mucha normativa en el país que se hace sin haber identificado cuál es el problema a resolver, si la regulación es la mejor forma de atacar ese problema, sin análisis de costo beneficio», agrega.
Fuente: LPG
Costo del comercio en El Salvador, entre los más altos de Centroamérica
Aunque el país mantiene aranceles muy bajos, la tramitología y la baja efi-ciencia aumentan los costos para el comercio internacional.
Las dificultades administrativas y logísticas imponen altos costos a la importación de productos en El Salvador, donde los empresarios deben pagar, en promedio, 18.3 % adicional al valor de la mercancía que adquieren, revela un estudio de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal).
Los altos costos del transporte, falta de información, comunicación y carencia de servicios “son de carácter transversal en todos los países de Centroamérica”, indicó el informe. Sin embargo, estas barreras afectan “con mayor severidad”, a los negocios en El Salvador y Nicaragua, añade el estudio de la Cepal para evaluar el impacto económico y social de la Unión Aduanera del Triángulo Norte.
La entidad de las Naciones Unidas señala que la apertura de los países para la firma de acuerdos de libre comercio ha creado una fuerte tendencia a la reducción de aranceles. Las economías de Centroamérica siguen esta línea y a pesar de tener algunas de las mejores preferencias arancelarias en el mundo, estas no siempre se traducen en comercio ágil.
En el caso de El Salvador, los aranceles son tan competitivos que le han permitido ocupar la posición 43 en el Doing Business del Banco Mundial, que mide la facilidad de hacer negocios en más de un centenar de economías del mundo.
No obstante, el autor del estudio y funcionario de la Unidad de Comercio Internacional e Integración de la Cepal, José Durán, explicó que “los factores no arancelarios que afectan el comercio de mercancías son de mayor importancia que los aranceles”, sobre todo en Centroamérica, donde el arancel aplicado promedio es de solo 2 % y prácticamente cero en la mayoría de productos.
Los empresarios de la región, y en particular de El Salvador, afirmó Durán, aún perciben importantes obstáculos que contrarrestan esta apertura comercial y los avances en facilitación del comercio, un panorama que pretende mejorarse con esfuerzos como la unión aduanera.
Para evaluar el impacto que causará esta integración del Triángulo Norte, la Cepal aborda las estimaciones conocidas como Equivalentes Ad Valorem (EAV). Durán explicó que los EAV incluyen el sobrecosto de la inflexibilidad administrativa y el tiempo que invierten los empresarios para hacer negocios en Centroamérica.
En El Salvador, este costo adicional promedio asciende al 18.3 % del valor de la mercancía y es el segundo más alto en la región después de Nicaragua, cuyo EAV es del 25.3 %. En Panamá, donde la logística está mejor desarrollada, los empresarios pagan 9 % adicional por barreras no arancelarias.
Fuente: DEM
