La ministra de Economía dijo que estas subvenciones deben llegar solo a las familias que lo necesitan. Además, buscarán más IED.
El Ministerio de Economía (MINEC) se dispone a revisar el padrón de beneficiarios de los subsidios a la electricidad y al gas propano. La idea, según comentó María Luisa Hayem Brevé, nueva ministra de Economía, es que estas subvenciones lleguen a las familias «que los necesitan». Durante los dos últimos gobiernos se impulsaron cambios en el esquema del subsidio de gas propano, que pasó de entregarse a las empresas distribuidoras del gas a los hogares; y en el de la electricidad, cuyo parámetro de entrega se redujo de 199 a 99 kw/hora al mes.
«Vamos a estar revisando bien el funcionamiento de los actuales regímenes y vamos a proceder a hacer cualquier cambio que se requiera, a fin de que no haya subsidios que estén llegando a personas que no los necesiten», respondió a una de las preguntas formuladas en la entrevista «Frente a frente».
Luego, lo reiteró al ser abordada por periodistas al cierre de la entrevista. «Los subsidios son una herramienta importante para atender a la población de más bajos ingresos. Definitivamente vamos a revisarlos como revisaremos todos los temas que recaen en la cartera. La idea es poder identificar áreas de mejora», indicó. No especificó cuánto tiempo llevaría la revisión.
Por otra parte, la funcionaria dijo que durante su gestión el MINEC se enfocará en dos temas: incrementar la inversión extranjera y la inversión local y fomentar las exportaciones, con el objetivo de que se generen más empleos. Sin embargo, la ministra no detalló qué acciones específicas emprenderán para lograr estos objetivos.
El Salvador es el país de Centroamérica que menos Inversión Extranjera Directa (IED) atrae. En 2018, el país registró $839.6 millones en ese concepto, de acuerdo con el último informe económico de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Las exportaciones sumaron $5,904 millones el año pasado, según reportó la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) hace unos días.
«Tenemos que ordenar la casa, crear las condiciones para que inversionistas vean a nuestro país como atractivo, es por ello que el trabajo que se hará en conjunto con Justicia e instituciones del Estado que afectan comercio e inversión será vital en las próximas semanas y meses», comentó Hayem.
Otro aspecto al que se le dará prioridad es a la facilitación del comercio. La ministra de Economía dijo que era relevante facilitar el transporte de mercancía con trámites más ágiles.
La burocracia en las instituciones relacionadas con el comercio ha sido una de las quejas de las gremiales del sector privado desde hace varios años. El último esfuerzo gubernamental por simplificar los trámites es impulsado por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), identificó 835 trámites en los ministerios, los que a su vez cuentan con 2,240 modalidades. Estos representan una carga de $407 millones a las empresas y a la población.
Respecto al crecimiento de la economía, la ministra dijo que aún no se ha establecido la cifra, pero que «sí están comprometidos a trabajar incansablemente para lograr ese crecimiento».
La economía de El Salvador creció 2 % en promedio entre 2009 y 2018. Hayem informó que de momento los viceministros del anterior gobierno continuarán trabajando mientras se selecciona a las personas que ocuparán esos cargos.
Fuente: LPG
Exportadores reportan más problemas con la DUCA
Piden que plan de contingencia en las aduanas se mantenga indefinidamente hasta resolver por completo el sistema de la DUCA.
Los empresarios y sobre todo los exportadores salvadoreños piden que el plan de contingencia de las aduanas se mantenga de forma indefinida hasta resolver por completo los inconvenientes que ha generado el sistema de la Declaración Única Centroamericana (DUCA). Este sistema funciona para realizar la declaración de mercancía de manera electrónica, el cual comenzó a operar desde el pasado 7 de mayo.
La semana pasada, la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) y representantes de la Dirección General de Aduanas (DGA) del Ministerio de Hacienda se reunieron con empresarios para intercambiar opiniones sobre los diferentes casos y problemas que han presentado con la DUCA.
Por ejemplo, Ana Chicas, gerente de ventas de una empresa que exporta vegetales congelados, dice que el llenado del formulario del DUCA, como tal, no ha sido el problema, sino que se trata de la interconexión con los otros países. «Cuando ya se llega a la frontera, a veces los documentos no aparecen en el sistema», agregó.
«La implementación de la DUCA ha sido un poco traumática para los exportadores en general. Todos hemos tenido el problema que se nos han quedado contenedores en fronteras entre tres y cuatro días. En nuestro caso esto nos afecta bastante porque los productos congelados son perecederos», comentó Chicas.
Otro caso fue el de la empresa Productos Tecnológicos (PROTECNO), la cual mandó productos a Honduras y la persona que lo llevaba se quedó esperando siete días en la aduana para poder pasar porque la información no coincidía en los sistemas de El Salvador y Honduras.
Fuente: LPG
Moody’s: finanzas débiles limitarán al nuevo Gobierno
La administración Bukele se enfrenta a un país con un alto endeudamiento público, advirtió la calificadora de riesgos Moody’s.
La capacidad de gobernar de Bukele dependerá de los puentes que tienda con la Asamblea Legislativa, en particular con la fracción de Arena.
Las débiles finanzas públicas, el limitado acceso al financiamiento externo y la poca representación en la Asamblea Legislativa son las restricciones que enfrentará la administración de Nayib Bukele, advirtió en un informe la calificadora de riesgos Moody’s Investors Service.
La agencia publicó este 31 de mayo un informe sobre el perfil crediticio de El Salvador. Desde el 23 de febrero del año pasado, Moody’s ha mantenido una calificación de “B3” con perspectiva estable para la deuda salvadoreña.
Según la metodología de la agencia, las calificaciones en el grupo de las “B” se otorgan a la deuda que se considera especulativa y con un alto riesgo de sufrir un impago.
Moody’s señaló en su informe que esta calificación podría bajar si surgen confrontaciones políticas que restrinjan el acceso del Gobierno a crédito de largo plazo, comprometiendo a su vez el refinanciamiento de deudas próximas a vencer.
La calificación también bajaría si hay señales de un deterioro en las tendencias fiscales y si el ratio de la deuda continúa en aumento, indicó la agencia.
Según las previsiones de Moody’s, la deuda pública se mantendrá alta en los próximos años, aunque gozará de una relativa estabilidad gracias a las medidas de consolidación que se han adoptado.
La deuda cayó al 70.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018, frente al 70.7% de 2017, y el déficit fiscal promedió 3.2 % del PIB entre 2014 y 2018, frente al 4.9 % registrado en los cinco años anteriores.
Fuente: DEM
