Transportistas de carga salvadoreños dicen que la región debería unificar el seguro de responsabilidad civil.
Nicaragua ha incorporado, desde el 15 de marzo pasado, un cobro de $50 por «servicio de importación» a los transportistas que ingresen con carga a su territorio. Argumentan que están respondiendo a los cobros que Costa Rica les impone.
La polémica ha preocupado a la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP). La gremial señala que «las medidas impuestas por Nicaragua van en contra del proceso de integración económica y facilitación del comercio que en la región se ha venido implementando», y han pedido a la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (SIECA) tomar cartas en el asunto para revertir la medida.
Managua sostiene que Costa Rica exige hasta $236 para que un transporte nicaragüense circule en su territorio. Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC) explicó que Costa Rica cobra $45 como seguro a los camiones que entren a su territorio, aunque la póliza solo cubre la atención de víctimas en un eventual accidente, pero no daños materiales.
Agregó que para Nicaragua esto es más complicado porque también deben tramitar una visa para ingresar al territorio costarricense.
El martes pasado transportistas de Costa Rica bloquearon el paso en la frontera como medida de presión a Nicaragua. Esto afectó también al transporte salvadoreño, pero se resolvió con rapidez. Tanto el cobro de los $50 como la respuesta de los transportistas se han enfocado más que todo en los dos países, explicó Alfaro.
La fuente dijo que se ha comunicado con los transportistas de Costa Rica para que no apliquen el bloqueo a salvadoreños.
Costa Rica, por su parte, rechazó que el cobro impuesto por Nicaragua sea recíproco.
«Si bien nuestro país establece como requisito un certificado de importación temporal para las unidades de transporte extranjera que deben circular en el territorio nacional, este es un servicio totalmente gratuito, por lo que no existe ninguna reciprocidad en el cobro como, erróneamente, anota la circular emitida por el vecino país», dijo en un comunicado el director general de Aduanas, Juan Carlos Gómez.
Fuente: LPG
BID insta a descentralizar la actividad logística de AMSS
El BID entregó ayer el Plan Nacional de Logística de Cargas al MOP, que permitirá priorizar intervenciones en movilidad.
Este plan propone crear corredores logísticos inteligentes y ecosistemas informáticos para liberar la actividad logística del gran San Salvador.
En el corto plazo, el reto de El Salvador será descentralizar la actividad económica del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) a través de corredores logísticos con valor agregado en la periferia urbana, indicó ayer el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El organismo internacional presentó ayer, junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP), el documento final del Plan Nacional de Logística de Cargas (PNLog), que elaboraron en los últimos dos años en colaboración con el sector privado.
Con este insumo, El Salvador se une al resto de países en Centroamérica, excepto Costa Rica y México, que cuenta con esta herramienta para identificar intervenciones en materia de movilidad y traslado de mercancías, indicó Carmiña Moreno, representante del BID en El Salvador.
Luego de revisar la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, el plan concluyó que el reto en El Salvador en el corto plazo consiste en descentralizar el AMSS. Pero más que solo desarrollar una oferta sólida y coherente en infraestructura pública, señaló el informe, se deben promover servicios de transporte y logística, así como eficiencia en procesos de comercio exterior.
La alta congestión en la zona metropolitana ha sido tema de estudios en años anteriores. Una investigación de 2015 del Programa Dinámicas Territoriales Rurales, con datos de 2012, reveló que solo el 12.3% del territorio salvadoreño -71 municipios- concentra la mayor parte del desarrollo económico del país.
El AMSS se conforma por 14 municipios: Soyapango, Mejicanos, Apopa, Ciudad Delgado, Ilopango, Tonacatepeque, Cuscatancingo, San Marcos, Ayutuxtepeque, Nejapa, San Martín, San Salvador, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla. Se consideran como los de mayor flujo vehicular.
El plan del BID y MOP destacó que el Gran San Salvador no cuenta con una política de desconcentración industrial, por ello el transporte de carga pesada ingresa al área urbana, generando congestión vehicular, problemas de seguridad y penaliza con las restricciones de horario para circulación.
Emilio Ventura, viceministro de Obras Públicas, destacó que el informe del Banco propone un plan de acción basado en el desarrollo de corredores logísticos inteligentes y ecosistemas informáticos, al tiempo que recomienda el fortalecimiento institucional “entre las diferentes instancias que participan en la movilidad de carga”.
Ese plan de acción propone crear corredores estructurales para los flujos de carga en las carreteras CA y las que conectan con los puntos aduaneros, así como destaca la opción de desarrollar conglomerados logísticos en Acajutla, San Salvador, La Unión, y nodos en La Hachadura y el área fronteriza norte.
El desarrollo de estos proyectos, puntualiza el informe entregado ayer, requiere de un ejercicio de diálogo público y privado para el anclaje y continuación del plan. “La siguiente etapa que viene es poder cuantificar. El banco seguirá apoyándonos de cuánto va a costar esta infraestructura”, agregó Ventura.
Fuente: DEM
Moody’s: persiste riesgo de un entrampamiento político en El Salvador
La posibilidad de que un evento de crédito, como un default, ocurra en el país depende del riesgo político, señaló la calificadora de riesgos en un informe sobre la banca.
La calificadora de riesgos Moody’s Investors Service consideró que el riesgo de un entrampamiento político se mantiene elevado en El Salvador y señaló que de ello depende qué tan posible es la ocurrencia de otro evento de crédito, como un impago de deuda.
En un informe sobre la banca salvadoreña, Moody’s reconoce que tanto la aprobación de la reforma de pensiones en 2017 como el pronto aval a los presupuestos de 2018 y 2019 indican que “hay una menor probabilidad de que un impasse político prevenga un acuerdo legislativo para obtener financiamiento de largo plazo”.
“Sin embargo, el riesgo político seguirá siendo elevado hasta que se consolide aún más el historial de mejoras en las relaciones políticas entre las partes interesadas clave y los acuerdos legislativos”, añadió.
Entre 2016 y 2017, la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa no permitió que el Gobierno obtuviera financiamiento para afrontar sus obligaciones, al punto que en 2017 se cayó en impago, cuando el Ejecutivo no pudo honrar a tiempo las amortizaciones de la deuda previsional.
Esto provocó un profundo deterioro en el perfil crediticio del país y aunque mejoró en los últimos meses, sigue estando en niveles bajos.
Moody’s destacó el acuerdo legislativo para emitir $1,300 millones en financiamiento para cubrir parte del déficit fiscal y el vencimiento de $800 millones en Eurobonos para este año, pues reducen el riesgo de liquidez.
Pero el regreso de El Salvador a los mercados de deuda no estaría libre de sobresaltos. Al país se le podría complicar el refinanciamiento de su deuda ante “la falta de detalles sobre cómo las promesas de campaña se traducirán en políticas por parte de la nueva administración”, dijo Moody’s refiriéndose a los planes del presidente electo, Nayib Bukele.
También podría afectar “el sentimiento adverso de los inversores hacia los soberanos con perfiles crediticios débiles”, indicó.
Fuente: DEM
