La DGA asegura que con el Sidunea World se reducen de 19 a 10 pasos; CIFACIL dice que hay un documento que demora el proceso.
La aduana de Acajutla funcionará a partir del 15 de noviembre con el sistema informático Sidunea World, que promete reducir los pasos del proceso de importación de mercancías. Las empresas podrán hacer todo en línea a cualquier hora sin tener que presentarse en ninguna oficina de la Dirección General de Aduanas (DGA). De haber entregado toda la documentación, solo esperarían alrededor de 30 minutos para que se les despache en el puerto.
Con esto, la DGA inicia el proceso para llegar a la «aduana sin papeles». La institución está trabajando junto al Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) el análisis de trámites y costos para la importación definitiva. Estiman que, específicamente para el caso de Acajutla, asciende a $12.9 millones. Con el nuevo sistema se reduce a $10 millones, 23 %.
Se pasará de 19 pasos a 10, donde la aduana intervendría solamente en uno de ellos. La declaración de mercancías y el pago se hacen en línea, de esta forma se eliminaría la revisión de los documentos que efectúan los oficiales aduaneros en una ventanilla.
«La aduana, de los nueve pasos (que hace actualmente), solo se queda con la emisión de la nota de salida. Hay pasos que tienen que ver con las navieras, con los desconsolidadores, con los agentes de aduana, con el importador, y finalmente la aduana le da la emisión de la nota de salida», explicó el director de Aduanas, Armando Flores.
El funcionario agregó que 140 usuarios, como navieras, auxiliares de la función pública y apoderados especiales, ya tienen acceso a Sidunea World. La DGA ya realizó además capacitaciones sobre el funcionamiento del sistema.
Por su parte, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL) manifestó que «la declaración de valor» será una nueva carga para importar con el nuevo sistema que se implementará.
Afirman que se trata de un formulario que contiene 46 preguntas que las empresas deben responder por cada una de las materias primas y productos finales que se importen con sus proveedores.
Advierten que podría ir en contra del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del cual el país es parte.
Fuente: LPG
Capacidad de generación eléctrica subió casi 30%
Entre 2010 y 2017 El Salvador introdujo la energía solar e incrementó la capacidad de la generación por biomasa y la hidroeléctrica.
El Salvador aumentó casi en 30 % su capacidad de generación eléctrica en siete años, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Energía (CNE). Destaca la expansión de tecnologías renovables, como las inversiones privadas que permitieron la introducción de las plantas solares, así como la expansión de las hidroeléctricas y de la biomasa.
En 2010 las plantas eléctricas del país tenían una capacidad instalada de 1,481.1 megavatios (MW), para 2017 esta se había expandido a 1,922.56 MW, un incremento de 441.6 MW.
El CNE se creó con un decreto legislativo de 2007, esta institución fue la encargada de la Política Nacional Energética, publicada en 2010, que incluía una apuesta por diversificar la generación en el país.
En 2010 el 47 % de la capacidad de generar energía en el país era con búnker; esto significa que el costo de la energía era más vulnerable a aumentar por los precios internacionales del petróleo. Además que no es energía limpia ni renovable.
Para 2017 la energía térmica se había reducido al 39 % del total del parque, esto a pesar de que hubo un ligero incremento en la capacidad de estas plantas.
La energía que el país utiliza no siempre concuerda con la capacidad, puesto que se escogen los recursos con base en los contratos y en los precios; además está la importación de energía que viene sobre todo de Guatemala.
El Salvador sí tiene capacidad para autoabastecerse, pero en el mercado centroamericano hay energía más barata.
Para 2013 entró en vigor un decreto que permitió la realización de contratos de energía renovables a largo plazo. Ese año se comenzó a trabajar en licitaciones, primero una de 15 MW de pequeña escala, luego dos más grandes: 100 MW y 355 MW.
Un año después se adjudicaron 94 MW de los 100 MW, lo que resultó en la planta de energía solar fotovoltaica más grande que hay actualmente en el país, que opera Providencia Solar junto a la empresa francesa Neoen. Este consorcio construye actualmente una planta más grande en Ozatlán, Usulután, después de haber ganado otra licitación de energía renovable el año pasado.
De acuerdo con el CNE, entre 2010 y 2017, la capacidad de generar energía solar pasó de 0 MW a 109.6 MW; la hidroeléctrica pasó de 486.5 MW a 574.4 MW con la expansión de la represa 5 de Noviembre. Mientras que la biomasa, que es esencialmente la inyección de los ingenios azucareros con el bagazo de la caña, pasó de 93.5 MW a 263.5 MW.
El país aún tiene proyectos pendientes, por ejemplo la construcción de la planta de gas natural Energías del Pacífico (EDP), de 380 MW, las plantas de energía solar del proyecto Bósforo de AES, que ya inició: serán 10 plantas que sumarán 100 MW de capacidad, algunas ya están construidas.
Otros proyectos son la construcción de la presa El Chaparral que ha enfrentado dificultades, así como otros proyectos del Grupo CEL, como una planta de generación conjunta con Guatemala y las dos nuevas plantas de LaGeo en Chinameca y San Vicente.
Fuente:LPG
Incentivos fiscales y exenciones cuestan $900 millones al fisco
En 2016, Hacienda dejó de percibir $900 millones por incentivos, exenciones y exoneraciones.
Entre 2010 y 2016, el gasto tributario aumentó en $172 millones, indican las estadísticas oficiales.
Los beneficios fiscales que otorga el Estado salvadoreño a personas naturales y empresas le costaron más de $900 millones en 2016, revelan estadísticas del Ministerio de Hacienda. La cartera de Estado cuantifica desde 2009 el gasto tributario, al que define como la pérdida que experimenta en recaudación tributaria por todas las disposiciones especiales que se aplican para deducir las obligaciones de los contribuyentes. Las estimaciones oficiales se enfocan en el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA).
En 2016, Hacienda dejó de percibir $900.02 millones por incentivos, exenciones y exoneraciones aplicadas a estos dos impuestos, indica el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018-2028, publicado hace unos meses.
De ese monto, el IVA reportó el mayor gasto tributario con $463.48 millones y los restantes $436.54 millones correspondieron al ISR. El gasto tributario total representó el 3.76 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Fuente: DEM
