Esto permitirá obtener apoyos y coordinaciones necesarias para impulsar reformas a favor del crecimiento inclusivo del país.
El Salvador se ha convertido en el miembro número 53 del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, Francia.
«Esto representa un gran paso en favor de la agenda de reformas y el crecimiento inclusivo del país. Asimismo, fortalece la representatividad global y la cooperación institucional del Centro con los países de América Latina y el Caribe», dijo la entidad, a través de un comunicado.
El Salvador se une a un diverso grupo de 52 países miembros y no miembros de la OCDE provenientes de todas las regiones del mundo, pertenecientes al Centro de Desarrollo.
El Centro de Desarrollo respaldará los esfuerzos de El Salvador para lograr un desarrollo más sólido e inclusivo, precisó la OCDE. «En particular, ofrecerá perspectivas comparativas sobre las tendencias estructurales y la gobernabilidad del país. Asimismo, compartirá experiencias en materia de políticas para alcanzar un crecimiento económico sostenible y los objetivos de inclusión social», agregó.
Según la organización, El Salvador ha logrado progresos socioeconómicos notables desde principios de siglo y muestra signos positivos de mejora en su marco macroeconómico. Afirma que, en cuanto a desarrollo social, ha habido avances importantes en materia de salud y educación. Entre estos, mencionó que la tasa de mortalidad infantil del país es de 12.5 por 1,000 nacidos vivos, por debajo del promedio de la región de América Latina y el Caribe, la cual es de 14.7.
Además, la esperanza de vida al nacer ha aumentado de 64 en 1990 a 73.5 años. La tasa neta de matrícula escolar secundaria mejoró entre 2000 y 2016, pasando de 48.2 % a 64.3 %, según enumera la entidad.
Sin embargo, añadió, algunas debilidades estructurales y vulnerabilidades de larga data limitan la capacidad del país para mejorar su estructura económica y avanzar hacia niveles más altos de bienestar y desarrollo sostenible.
«Como miembro del Centro de Desarrollo, El Salvador podrá aprovechar la oportunidad de intercambiar conocimientos y establecer un diálogo político con otros países miembros», declaró Manuel Escudero, presidente de la junta de gobierno del Centro de Desarrollo de la OCDE y embajador de España ante la OCDE. «Estas oportunidades ayudarán al Gobierno a identificar y aprender de experiencias relevantes a medida que diseña e implementa su propia agenda de reformas», agregó.
Junto con los otros 11 países miembros de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, El Salvador se beneficiará de las principales actividades del centro. También fortalecerá sus relaciones con los responsables políticos dentro de la región, y fuera de ella, señaló la OCDE.
Fuente: LPG
Hacienda dejará negociados los $1,300 millones al próximo Gobierno
Hacienda dejará en una cuenta restringida en el Banco Central los $800 millones de bonos que se vencen en diciembre próximo.
La institución prevé que los financistas no cobren los $286.4 millones de re-dención anticipada, también llamada “opción put”, este 2019.
La actual dirección del Órgano Ejecutivo dejará al próximo Gobierno negociados los $1,300 millones en financiamiento presupuestario y pago del servicio de deuda de 2019, indicó ayer Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, y quien aseguró que “no queremos que la nueva administración se sienta ahogada”.
En la última plenaria de la Asamblea Legislativa de 2018, los diputados aprobaron un Presupuesto General de la Nación de 2019 por un monto de $6,713.2 millones, más una solicitud del Ministerio de Hacienda para emitir $1,297 millones en bonos que servirán para pagar $800 millones en deuda que se vence en diciembre próximo y los restantes $497 millones corresponden a financiamiento presupuestario.
El ministro Fuentes indicó este miércoles que los $800 millones quedarán en una cuenta restringida en el Banco Central de Reserva (BCR) para que el próximo Gobierno, bajo la administración de Nayib Bukele, pueda tomarlos en diciembre y hacer efectivo el pago ante los financistas.
El próximo Ejecutivo recibirá un “fisco con recursos (…) Nosotros vamos a cerrar esta administración al 31 de mayo con $1,100 millones de financiamiento de los $1,300 millones que nos aprobaron”, comentó en la entrevista de Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña (TCS).
De los $497 millones, el Ministerio de Hacienda negoció con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un crédito de apoyo presupuestario por $200 millones, a una tasa de interés del 3 %, y los restantes $297 millones se tendrán que emitir en bonos.
Puesto que la ley del presupuesto votado establece que el Gobierno debe emitir bonos, explicó Fuentes, la cartera de Estado presentará una solicitud al Congreso salvadoreño para cambiar la fuente de financiamiento de los $200 millones, donde de nuevo “es necesario que existan consensos políticos” porque se requerirá mayoría calificada.
El actual Ejecutivo ya inició las negociaciones con los financistas internacionales, a razón por la cual Fuentes firmó esta semana un contrato de confidencialidad que establece que “ninguna persona del Gobierno está autorizada a hablar de la emisión de títulos valores con excepción del ministro de Hacienda, de lo contrario podríamos ser sancionados como país”, indicó.
Fuente: DEM
GOES requerirá financiamiento extra en los próximos 10 años
El titular del Ministerio de Hacienda, Nelson Fuentes, vaticinó que el Gobierno salvadoreño requerirá en los próximos 10 años financiamiento extra en el Presupuesto General de la Nación, debido al crecimiento de los compromisos previsionales.
“Todos los presupuestos, no importando que tengan pago de bono o no, de aquí al 2030 van a requerir mayoría calificada, porque la reforma de pensiones llamó a que el sistema de pensiones esté adentro del presupuesto y las necesidades que se tengan también deben incluirse”, indicó ayer en la entrevista de Frente a Frente.
La reforma de pensiones de septiembre de 2017 contempló la creación de la Cuenta de Garantía Solidaria, a la que el Gobierno debe realizar aportes anuales a través del presupuesto, además de considerar los compromisos de pago por la compra de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Además de los $800 millones de bonos que se vencen este 2019, el nuevo Gobierno deberá pagar en enero de 2023 un vencimiento de $800 millones de Eurobonos y dejar financiamiento presupuestado para honrar $120 millones programados para diciembre de 2024.
En deuda interna, por su parte, debe hacer frente al vencimiento de $15 millones de bonos que se vencen en octubre de 2020, otros $200 millones programados para diciembre de 2021 y $236 para finales de 2022.
“Cada vez más, a excepción de los años que hay que pagar bonos, la necesidad de recursos debería ir disminuyendo porque se genera mejora en los parámetros fiscales”, pero eso no significa de que “hoy fueron $500 millones y mañana son $100 millones” los que requiere el Gobierno para hacer frente a sus compromisos. Si no, agregó Fuentes, que “probablemente este año sean $450 millones”.
Fuente: DEM
