FUSADES presentó un análisis sobre pagos en remuneraciones y contrataciones de empleados públicos de los últimos años. Solo de 2018 a 2019, esta erogación incrementará $120 millones.
El costo de la planilla de empleados públicos en El Salvador tuvo un aumento millonario en la última década. Este pasó de $1,574 millones en 2008 a $2,719 millones en 2018 en el Sector Público No Financiero (SPNF), es decir, en instituciones del Ejecutivo, empresas públicas e instituciones descentralizadas. El alza fue de $1,145 millones en 10 años.
Solo entre 2018 y 2019 se prevé que este gasto aumente $120.4 millones, pues para el presupuesto de este año el pago en remuneraciones llegará a $2,840 millones, según la Fundación Empresarial para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
«Ahora el personal público es más caro», evaluó Carolina Alas de Franco, investigadora sénior del área económica de FUSADES. «Ha habido una explosión de aumentos por encima de la inflación, eso pone presión a las finanzas públicas, no hay control de contrataciones», agregó.
El aumento en el gasto se explica no solo por alza de los salarios, sino también por más contrataciones y la aplicación de escalafones. Este ha sido uno de los rubros del gasto corriente que más ha crecido en los últimos años, de acuerdo con el estudio titulado «Presupuesto 2019: empleo público y remuneraciones», que fue presentado ayer por la fundación.
El peso de esta planilla es tal que su pago representa ya un 10.5 % del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir que de cada $100 que se producen en El Salvador, $10 van dirigidos a pagar los salarios de los empleados públicos. Este porcentaje está arriba del promedio de América Latina, el cual es de un 8.4 %.
«Dada la situación de deterioro de las finanzas públicas es importante revisar a la baja esa erogación en remuneraciones, porque es alta e ineficiente y reorientar los recursos hacia aquellos gastos más importantes para la prestación de servicios de calidad», indicó De Franco. La propuesta es que la reducción sea gradual, hasta un 9 % del PIB, preservando el gasto social y teniendo en cuenta La Ley de Responsabilidad Fiscal.
En el SPNF, el salario por cabeza promedio aumentó $3,016 (un 38 %) de 2008 a 2009, lo cual sobrepasó el incremento de precios en esos años que fue de 13.2 %, según el estudio presentado.
Fuente: LPG
Pobreza extrema aumentó en Latinoamérica: CEPAL
Según este organismo, 62 millones de personas de la región viven en pobreza extrema. Esta es la cifra más alta registrada desde 2008.
El número de personas que viven en condiciones de extrema pobreza en los países de Latinoamérica aumentó en 2017, según datos del informe Panorama Social de América Latina 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La pobreza extrema es una de las divisiones de la pobreza que mide dicho organismo a partir de los ingresos monetarios de las personas. En 2016, cerca de 61 millones de personas vivían en pobreza extrema, mientras que en 2017 un millón más se encontraban en estas condiciones, indica la CEPAL.
El informe agrega que en 2017 el número de personas viviendo en la pobreza llegó a 184 millones (30.2 % de la población), de los cuales 62 millones se encontraban en la extrema pobreza (10.2 % de la población, el porcentaje más alto desde 2008).
«Según las proyecciones de la CEPAL, en 2018 la pobreza bajaría a 29.6 % de la población, lo que equivale a 182 millones de personas (dos millones menos que en 2017), mientras que la tasa de pobreza extrema se mantendría en 10.2 %; es decir, 63 millones de personas (un millón más que en 2017)», se detalla en el documento del organismo internacional.
La CEPAL sostiene que al analizar los países con mayores reducciones de la pobreza en el período 2012-2017, se observa que en Chile, El Salvador y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos.
«Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema. Se deben impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos», señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de dicho organismo regional de las Naciones Unidas.
El estudio de la CEPAL también destaca que la desigualdad de ingresos se ha reducido en la región desde principios de la década de 2000. «Sin embargo, el ritmo de reducción se hizo más lento en los años recientes: entre 2002 y 2008 la disminución anual promedio del índice fue del 1.3 %; entre 2008 y 2014, del 0.8 %, y entre 2014 y 2017, del 0.3 %», añade.
Entre otros datos, que se encuentran en el estudio de la CEPAL, está que alrededor del 40 % de la población ocupada de Latinoamérica recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por su país, y esa proporción es mucho más elevada entre las mujeres (48.7 %) y los jóvenes de 15 a 24 años (55.9 %).
«Entre las mujeres jóvenes esa cifra alcanza 60.3 %. Es preciso implementar políticas universales sensibles a las diferencias para cerrar las brechas de acceso que afectan a los distintos grupos de la población, así como reconocer el escenario de nuevos y antiguos riesgos que inciden en la sociedad en su conjunto», complementa el organismo.
Fuente: LPG
Fusades propone reducir en 1 % del PIB gasto de sueldos
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) propuso ayer reducir el gasto en remuneraciones en 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) para contribuir a consolidar las finanzas públicas.
Las remuneraciones a los empleados del sector público no financiero (SPNF) costarán $2,840.3 millones al término de 2019, según el presupuesto votado. Esto equivale un 10.5 % del PIB y evidencia que “el comportamiento expansivo en las plazas y los salarios ha puesto una fuerte presión a las finanzas públicas”.
“Lo importante es bajar ese ratio como porcentaje del PIB para facilitar el ajuste fiscal que necesitan las finanzas públicas, debería tratar de disminuirse de ese 10.5 % del PIB, que es hoy en 2019, a un 9 % del PIB gradualmente”, comentó Luz María Serpas, economista de Estudios Económicos (DEC) de Fusades.
La institución urgió en la necesidad de aplicar el modelo del presupuesto por resultado, que permite evaluar los programas y medir el impacto de las medidas públicas. Esta modalidad se adoptará hasta 2020, debido a retrasos en la implementación del sistema informático de administración financiera, según anteriores declaraciones del Ministerio de Hacienda.
Fuente: DEM
