Facturación electrónica lista para 2020: MH

La institución recibe hoy a un equipo de Costa Rica para abordar el tema.

El Ministerio de Hacienda (MH) espera que la facturación electrónica esté vigente en el país para 2020 y que su implementación se haga a lo largo del próximo año, para lo que ya se han estado reuniendo con expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En una conferencia de prensa, el titular de la cartera, Nelson Fuentes, anunció que esperan para hoy la llegada de expertos de Costa Rica para compartir experiencias. En dicho país centroamericano la facturación electrónica se implementó en ocho meses.

«Nosotros quisiéramos poderlo implementar durante el período 2019 y que podamos desarrollar la facturación electrónica a partir de 2020», dijo Fuentes.

El Gobierno anunció recientemente que iniciará la implementación del sistema de la facturación electrónica luego de que la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo de $30 millones con el BID.

Sin embargo, para esto es necesaria una serie de reformas al Código Tributario y a la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, conocido como el IVA.

Según expertos, una facilidad que tiene El Salvador para implementar la modalidad de facturación es que ya se cuenta con una Ley de Firma Electrónica.

Una apuesta de la cartera es que la facturación electrónica permita subir la recaudación tributaria. Permitiría al contribuyente utilizar una plataforma digital en vez del tradicional talonario.

De hecho, el IVA es de los tributos que más fondos le aportan al Estado. Al cierre de 2017, este le aportó al Gobierno $1,944.15 millones. Todos los impuestos sumaron $4,256.9 millones, otro tributo de alta recaudación es el IVA a las importaciones, que en 2017 sumó $1,021.50 millones, según datos del Ministerio de Hacienda.

Fuente: LPG

Defensoría devolvió $8 mills. a consumidores hasta octubre 2018

Proveedores han pagado multas por casi $1 millón, debido a violaciones a la Ley de Protección al Consumidor.

De enero a octubre de 2018, la Defensoría del Consumidor ha logrado que proveedores de productos y servicios devuelvan más de $8 millones cobrados indebidamente a los ciudadanos, informó ayer Ricardo Salazar, presidente de la institución.

De acuerdo con Salazar, el Tribunal Sancionador de la Defensoría se encargó de dirimir más de 5,000 devoluciones durante este año, y destacó que al cierre de 2018 se habrá recuperado más de $8 millones para los usuarios.

“Puedo asegurar que estamos por arriba de los $7 millones (en devoluciones), realmente una cifra récord, incluso arriba de los $8 millones”, destacó ayer el titular de la Defensoría, durante el lanzamiento de la campaña navideña de protección al consumidor de este año.

De acuerdo con datos disponibles en el portal web de la institución, a octubre de este año, el Tribunal Sancionador ya había logrado superar esta cifra, reintegrando un total de $8,003,165.70, un 230 % más de lo entregado durante el mismo período en 2017, cuando la cifra recuperada rondaba los $2,423,147.

Salazar destacó que este crecimiento exponencial responde a casos concretos de reintegros en el sector inmobiliario, “sobre todo en lotificaciones al interior del país”, donde hubo reportes colectivos de fallos en servicio de agua potable, o falta de entrega de títulos de propiedad.

“Además, hemos ampliado nuestros puntos de atención, hemos abierto dos ventanillas más, y ya estamos hablando de 26 puntos a nivel nacional, logrando un mayor alcance”, añadió.

Según el titular de la Defensoría, además, se han incrementado las atenciones a través de medios descentralizados como Whatsapp, un medio de contacto disponible desde julio pasado, donde se han procesado más de 5,000 asesorías, denuncias y consultas.

En total, el Tribunal de la Defensoría, encargado de resolver conciliaciones, demandas y sanciones contra proveedores, hizo efectivas más de 5,431 devoluciones a consumidores, según las estadísticas del informe oficial.

La resolución de estos casos ha llevado a que diversas empresas de rubros como electricidad, telefonía, financieras e incluso instituciones públicas, reintegren los montos vulnerados a consumidores y paguen además una multa: al cierre de este año, según Salazar, el Tribunal alcanzará más de $1 millón en concepto de multas a proveedores que infringieron las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor.