La Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés), del Gobierno estadounidense, está dispuesta a movilizar mayores volúmenes de inversión privada para empresas en El Salvador, siempre que cumplan estándares medioambientales, de derechos humanos, y viabilidad económica, aseguró Ray Washburne, presidente de la financiera.
La OPIC destina créditos a largo plazo para empresas estadounidenses con negocios en todo el mundo y financia, además, seguros por riesgo político y reestructuraciones de deuda.
El año pasado, el organismo lanzó una iniciativa para apoyar la inversión de $1,000 millones en El Salvador, Guatemala y Honduras, con el propósito de avanzar la política exterior de Estados Unidos, y fomentar el desarrollo económico en el Triángulo Norte, según explica Washburne.
A la fecha, se han desarrollado unos 24 proyectos en toda la región, de los cuales 10 están en El Salvador, con una inversión que supera los $500 millones. Entre ellos, destaca la construcción de 10 plantas de energía que aportarán 100 MW, con $49.5 millones.
Washburne asegura que la agencia estadounidense “podría aumentar el financiamiento, dependiendo de los proyectos que lleguen”, siempre y cuando “cumpla con estándares medioambientales, de derechos humanos, y sea económicamente viable”.
Fuente: DEM
GOES pide posponer consolidación fiscal
Hacienda propuso cambiar el plazo para cumplir las metas de la Ley de Consolidación Fiscal, de tres a cinco años.
El Gobierno propuso modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en varios aspectos, uno de ellos es ampliar el plazo para la consolidación fiscal, es decir, para cerrar la brecha entre el gasto y el ingreso público. Argumentan que es necesario ampliar el tiempo para poder implementar todas las medidas necesarias para hacer sostenibles las finanzas.
La LRF estableció tres años a partir de 2017 para implementar las medidas que resulten una consolidación del gasto y los ingresos equivalente a al menos 3 % del producto interno bruto (PIB). La propuesta del Ministerio de Hacienda es sumar dos años más.
La institución mantiene que esto no modificaría el plazo de 10 años para llegar a finanzas estatales sostenibles y que el motivo detrás de la propuesta de reforma es la actualización del sistema de cuentas nacionales (SCN) del Banco Central de Reserva (BCR).
De hecho, la misma LRF se creó tomando en cuenta que tenía que ser actualizada porque utiliza el tamaño de la economía salvadoreña, es decir, el PIB, como parámetro para establecer las metas de gastos, impuestos y endeudamiento.
Lo que pasó es que el BCR actualizó el termómetro y encontró que la economía era más pequeña, lo que significa que el país está, proporcionalmente, más endeudado y la carga de impuestos también es mayor.
Ayer Nelson Fuentes, titular de Hacienda, presentó las propuestas a los diputados. En cuanto al nivel de deuda, la LRF establecía que después de aplicar medidas de sostenibilidad fiscal, el país no podía deber más del 45 % del PIB. Ahora el Gobierno busca que la deuda pueda estar hasta en 50 % del PIB; 70 % si se toma en cuenta el sistema de pensiones.
Otro cambio es la meta de carga tributaria, es decir, el peso de los impuestos en la economía. La LRF decía que se tenía que llegar a un 17 % del PIB; ahora es llegar a 18.5 % en 2021.
«La variación en la tasa del 17 % al 18.5 % del PIB responde al ajuste de las cuentas nacionales, sin que ello implique un mayor nivel de ingresos tributarios en términos reales. Asimismo, en términos generales, se busca hacer consistente con el período de consolidación de cinco años (2017-2021) y ajustar las metas de ingresos y gastos, derivado del cambio en el SCN», dice la presentación de Fuentes.
Además, propone que los gastos de consumo, entendidos por remuneraciones y bienes y servicios, no puedan exceder el 14 % del PIB a partir de 2021. La LRF antes ponía como meta 18.5 % para todo el gasto corriente, que también incluye intereses de deuda.
Los otros cambios que propone el Ejecutivo son la publicación del saldo adeudado de requerimientos pendientes de pago de la Dirección General de Tesorería de Hacienda, pero no mensual, sino con un desfase de dos meses. Además la publicación anual de los flujos de caja del tesoro público, una vez que termine el ejercicio fiscal en vigencia y una vez presentado el informe de ejecución presupuestaria.
La LRF también manda a incluir en el presupuesto el financiamiento para las actividades especiales, el Ejecutivo propone hacer esto pero después de 2021.
Fuente: LPG
FOMILENIO II compromete 85 % de fondos para 2019
El programa de $365.2 millones que ejecutan los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos finalizará 2018 con $88 millones en desembolsos. El programa concluye en 2020.
FOMILENIO II desembolsó hasta septiembre pasado $49.4 millones (14 %) de los $365.2 millones que comprende el programa de inversión que ejecutan los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador para el alivio de la pobreza y la generación de oportunidades.
Al cierre de 2018, se prevé que los desembolsos sumen $88.1 millones (24 % de todo el compacto), según un informe de ejecución presentado ayer por la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP).
«La meta que tenemos es que al primer trimestre de 2019 vamos a tener aproximadamente el 85 % de los recursos comprometidos», afirmó Wiliam Pleites, director ejecutivo de FOMILENIO II. El resto del dinero está destinado a alguna contingencia y a gastos de funcionamiento, indicó.
El eje de infraestructura de FOMILENIO II comprende tres proyectos: la ampliación de los 27 kilómetros de la carretera del Litoral, proyecto que arrancó en enero de este año. Su proceso de implementación tiene un avance de 9.5 %. Se prevé que esta obra sea terminada en febrero de 2020. El segundo es la construcción del recinto fronterizo de El Amatillo. «Con este estamos en la fase final de las ofertas que se presentaron a licitación. Se pretende darle orden de inicio este mismo mes», apuntó Pleites.
Fuente: LPG
Alertan de “desastre” si no se corta el café por bajos precios
Advirtieron que de no eliminarse el riesgo y las amenazas por los bajos precios, los productores no cortarán la cosecha 2018-2019.
La Acafesal solicitó un decreto transitorio para pagar el anterior salario mínimo durante la corta de esta cosecha de café.
La Asociación Cafetalera de El Salvador (Acafesal) pronosticó ayer un “desastre” y “una tragedia nacional” si en las próximas tres semanas no se eliminan los riesgos y amenazas para que los productores decidan realizar la corta de café, pues están desmotivados y ahogados financieramente por los bajos precios internacionales.
A inicios de septiembre, la gremial advirtió que varios productores, en especial los residentes de Ahuachapán, estarían dispuestos a no recolectar la cosecha 2018-2019 por falta de solvencia financiera para pagar la mano de obra y los trabajos de mantenimiento de las fincas, mientras que los precios internacionales llegan a niveles no reportados desde 2013.
En ese momento, solicitaron al Gobierno gestionar un crédito por $33 millones con los bancos estatales para prestar a los productores $42 por cada quintal y asegurar la recolección de al menos 800,000 quintales de café. Sin embargo, “no hemos tenido ninguna noticia” y en las próximas tres semanas iniciará la corta de café, por lo cual “anunciamos un desastre de no tomarse acciones inmediatas”, advirtió ayer Omar Hidalgo, presidente de la gremial.
Fuente: DEM
